La reciente concesión del Casino Central de Mendoza muestra cómo ha mutado el mapa de las adjudicaciones de los 10 casinos que hay en la provincia y cómo los privados le ganaron terreno al juego oficial.
El martes 21 de junio se adjudicó la concesión de las tragamonedas del Casino Central a la firma Traylon, propiedad de Ricardo Benedicto, un ex socio del kirchnerista Cristóbal López, y allí se estableció que esa empresa se quedará con el 52% de la recaudación de estas máquinas.
Ese porcentaje es el más alto de las últimas concesiones, de hecho es un 9% más de lo que tenía el concesionario actual, aunque en el Gobierno justifican que si bien Traylon percibirá más, también se hará cargo de otros servicios que antes pagaba el Estado y que incluso le trajo varios cuestionamientos del Tribunal de Cuentas.
El actual concesionario del Casino de Mendoza, el llamado Casino Central, es la empresa Mendoza Central Entretenimientos (MEC), propiedad de Alfredo Luis Vila Santander, hermano del reconocido empresario de medios Daniel Vila, quien nunca fue parte de ese negocio del azar. Esa concesión que se adjudicó con una retribución del 43,7% de lo que generan las tragamonedas vence en poco menos de un mes, con lo cual esa firma que compitió para seguir controlando aquellas máquinas, quedará en breve fuera del mapa del juego mendocino.
Eso está sujeto a la posibilidad de que MEC recurra la decisión del Instituto de Juegos y Casinos por la última adjudicación. La firma tiene 15 días hábiles para presentar esa revocatoria por vía administrativa y si fuese rechazada podría ir por vía jurídica al gobernador Rodolfo Suarez. Sólo si este rechazase ese reclamo se le habilitaría la vía judicial para presentarse ante la Suprema Corte de Justicia. Por lo que pudo chequear este diario hasta este viernes aún no ingresaba esa medida.
El dinámico mapa de las concesiones de casinos en Mendoza
Pero además, esa nueva adjudicación desnudó cómo cambió el control de los casinos en Mendoza. Hoy de los 10 casinos que existen, tres son estatales y tienen concesionadas las máquinas tragamonedas: el Casino Central, el de General Alvear y el de San Martín. Las 7 salas de juego restantes están en manos de firmas asociadas a hoteles 5 estrellas si están en el Gran Mendoza, u hoteles de montaña, de 3 o 4 estrellas, en el resto de la provincia.
La mayoría de ellos llegaron luego de que entrara en vigencia la ley 5.775, de 1991- que se reglamentó en el 92, en la gestión de Arturo Lafalla-, que autorizaba la instalación de esos hoteles de categoría 5 estrellas internacional, con la idea de favorecer la promoción turística de la provincia, y se les permitía instalar esas salas de juego. Hoy esos casinos privados le tributan al Estado mendocino el 21,5% de Ingresos Brutos.
Más tarde, en la gestión del radical Roberto Iglesias se fueron desperdigando los anexos de los casinos comenzando por el de San Martín y General Alvear, y más tarde aparecieron los de Malargüe, Rivadavia, Tupungato, Uspallata, La Consulta, Eugenio Bustos, Tunuyán y San Rafael.
Pero el ex gobernador Alfredo Cornejo cerró 6 de esas salas: las que funcionaban en Uspallata y Tupungato que administraba el ex presidente de Boca Daniel Angelici, las de La Consulta y Eugenio Bustos, en San Carlos, que regenteaba la empresa Bingos Ciudadela (Grupo Midas); la de Tunuyán, que estaba en manos de Impresora Internacional de Valores (Ivisa), una firma española, y el de San Rafael, cuya concesión era de Casino Club, una firma que era del kirchnerista Cristóbal López, y cuyas acciones le vendió a Benedicto, hoy titular de Traylon.
Rodolfo Suarez, más o menos en la misma línea política, decidió fusionar las salas de juego del Este y las del Sur.
Con este nuevo mapa, en el Gran Mendoza quedaron 5 casinos: el estatal Casino Central, ubicado en calle Brasil y San Martín de Godoy Cruz, que quedará en manos de Traylon; el Enjoy Mendoza Casino, que funciona en el hotel Sheraton que está en manos de Cela S.A. de capitales chilenos; el Hyaat Sun Plaza, del grupo Sun Dreams; el Hotel Casino Cóndor de los Andes, en Guaymallén, que controla la empresa KLP Emprendimientos S.A. cuyo referente es Gabriel Garfunkel, y el Arena Maipú Casino, que maneja Daniel Angelici, con su empresa Desarrollos Maipú.
En el resto de la provincia quedaron el de San Martín, que es un casino y futuro hotel de 4 estrellas, ya en manos de Fuente Mayor S.A, del grupo Kristich, que también controla el hotel casino de Vista Flores, en Tunuyán.
En el Sur, los tres casinos habilitados están en manos de la misma firma: la hotelera Emprender S.A, del grupo Andreani, que no tiene vínculos con la empresa de logística. Son el estatal de General Alvear, el casino hotel Tower de San Rafael y el casino hotel Malargüe Inn Suites.
No son negocio para el Estado pero sí para los privados
En el Gobierno no lo dicen abiertamente pero hay quienes son más partidarios de que a los casinos los exploten los privados y paguen el 21,5% de lo que recauden en Ingresos Brutos, a que sea el Estado quien lo haga con todo lo que eso implica. Uno de los argumentos que prima, es que "no es negocio para el Estado, cómo si lo es para los privados, porque además el juego es una actividad permitida, pero no incentivada por el Estado".
Para mostrar que los ingresos no son tan suculentos como se piensa, toman de referencia las recaudaciones de los distintos casinos, que se publican en la página del Instituto de Juegos y Casinos.
Allí figura por ejemplo que en mayo el Casino Central de Mendoza, que es de calle Brasil y San Martín, recaudó por juegos electrónicos, que son principalmente las tragamonedas, poco más de $68 millones, mientras que el casino Enyoy se alzó con más de $140 millones, es decir más del doble.
Esa gran diferencia de recaudación se debería a la diferente oferta de ambos casinos. El privado está enmarcado en un hotel 5 estrellas y le brinda a sus clientes ese plus, y el de un gran restorán. "Eso hace que los públicos de uno y otro sean distintos", apuntan algunas fuentes gubernamentales.
"Si a esa recaudación del Casino Central le restas el 43% que es lo que se le pagó al concesionario actual MCE te quedan unos $39 millones, de los cuales el 35% va a programas de salud como son los que cubren los medicamentos oncológicos, y el resto es para pagar sueldos de empleados, para pagar los servicios de limpieza, de traslado de valores que son carísimos, de seguridad, los servicios como la electricidad de lo cual se consume mucho, lo que queda es ínfimo. No es negocio para el Estado", repiten una y otra vez.
Además, apuntan, que el Estado tenga que administrar un casino cumpliendo con la ley de Administración Financiera es un escollo más.
Esa norma, entre otras cosas, exige que cuando se entrega algún beneficio se debe documentar completamente la identidad del beneficiario. "Nos exigía que si regalábamos un wisky tuviésemos la fotocopia del DNI del beneficiario, por ejemplo. Eso en un casino es imposible, es espantar al cliente. O si pensábamos en sortear un auto, exigía la documentación del sorteado antes de licitar el auto, por lo que ese ganador debía esperar 4 meses para que le entregáramos el vehículo. Todo eso hace que ese público del casino estatal se reduzca y eso también se muestra en las recaudaciones que son más bajas que la de los privados", dijo la fuente consultada por este diario. diariouno
